Por César González
La economía colaborativa está revolucionando la forma en que se adquieren bienes y servicios. Empresas como Airbnb, que sin contar con infraestructura hotelera brinda alojamiento a millones de personas en el mundo y que ya ha alcanzado un valor de empresa equivalente al 40% de toda la cadena de hoteles Hilton; o Uber, que sin tener vehículos es capaz de movilizar a millones de personas en todo el mundo; son algunos de los ejemplos exitosos de las empresas que entendieron el potencial de la economía colaborativa.
Estas empresas poseen un denominador común, ninguna de ellas existía hace 10 años y su cualidad es que son capaces de unir la oferta con la demanda de bienes o servicios, sin tener que invertir grandes sumas de capital en activos fijos. Con ello, disminuyen el riesgo asociado a los emprendimientos de innovación, logrando disminuir las tasas de descuento para el acceso al crédito.
Pero más allá de las ventajas financieras, la genialidad de estas empresas pasa por haber descubierto la manera de generar valor de manera colaborativa: necesito un servicio y me conecto de manera segura con quien me lo pueda ofrecer a un precio competitivo, muy inferior al costo del servicio tradicional, generando valor para los clientes y creando comunidades de proveedores.
Sin embargo, a pesar de la penetración que están teniendo estas empresas en todo el mundo, aún existe un mercado de 7.8 billones de pesos en Chile al cual no acceden, que es el de las compras públicas que realiza el Estado. Hablamos de las transacciones que se realizan por la Ley 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas. En pocas palabras, esta señala que los organismos públicos regidos por esta ley deberán desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para la aplicación de este cuerpo legal se creó la plataforma electrónica mercadopublico, donde los 850 organismos públicos de Chile realizan sus compras y los proveedores ofrecen sus productos y servicios, administrado por la Dirección ChileCompra. Sólo el 2017 las transacciones por mercadopublico crecieron un 20,2% en comparación al año 2016, siendo las PYMEs las que dominaron el 60% de la participación.
Por ello, se instala el desafío de adaptar las normativas e instituciones del Estado a las nuevas economías globales, no sólo en virtud de los mismos principios de eficiencia, eficacia y transparencia que inspiraron la creación de esta Ley, sino además por los ahorros hacia el erario fiscal, en virtud de las economías de escala que permitirían estas nuevas empresas.